España es el país donde más se cebó la tragedia de la talidomida, un medicamento para combatir naúseas y mareos en las embarazadas que circuló sin control alguno en nuestro país desde 1950 hasta 1985 y que produjo malformaciones durante el proceso de gestación a cientos de niños. El Estado ha ido estableciendo en las últimas décadas diferentes compensaciones para las víctimas pero el último Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, contiene contradicciones que dejan fuera a muchos de los afectados.
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