Las enfermeras que trabajan en prisiones tienen contratos precarios y, además se enfrentan a posibles casos de intrusismo, ya que, cuando el médico no está -y en España es clamorosa la falta de facultativos en los centros penitenciarios- se ven obligadas a realizar funciones que no son de su competencia. Las cifras -con datos aportados a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por el Consejo General de Enfermería (CGE) hablan de su precariedad e invisibilidad: son menos de 600 (en concreto, 580) para atender a una población reclusa que, con datos a 31 de diciembre de Instituciones Penitenciarias, estaba en un total de 46.468 internos. Además, se rigen por un reglamento totalmente obsoleto, que data de 1981.
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